La Ley General de Economía Circular ya transforma la manera en que las empresas deben entender sus procesos productivos y su responsabilidad ambiental. Su alcance no se limita a quienes comercializan productos terminados directamente al consumidor. También involucra a las organizaciones que diseñan, fabrican, importan o participan en alguna etapa del ciclo de vida de un producto, incluso cuando éste forma parte de una
cadena productiva y termina siendo enviado al extranjero.
Para las empresas del corredor industrial de El Salto, el no comercializar un producto terminado en México no significa estar exento de la nueva legislación. La exposición de Alejandro Juárez, de la firma Soto Risolve, señala que la responsabilidad alcanza a quienes intervienen en el ciclo de vida del producto, desde su diseño y fabricación hasta su transformación en residuo. El nuevo modelo obliga a mirar más allá del
destino comercial de las mercancías.
El cambio de fondo está en que la economía circular deja de considerar al residuo como un problema exclusivamente de la etapa final. Ahora, la responsabilidad comienza desde el diseño del producto y contempla aspectos como los materiales utilizados, su vida útil, las posibilidades de reparación, reutilización, recuperación y reciclaje, así como su destino cuando deja de ser útil. La Ley incorpora las 7R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar.
Esto representa un desafío particularmente relevante para el corredor industrial de El Salto, donde numerosas compañías forman parte de cadenas de suministro nacionales e internacionales. Una empresa puede no vender directamente al consumidor, pero sí fabricar componentes, materiales, insumos o productos que posteriormente serán integrados a otros procesos. Bajo esta nueva lógica, su participación dentro del ciclo de
vida del producto adquiere relevancia y deberá ser considerada dentro de sus políticas de economía circular.
La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 y entró en vigor el 20 de enero. Su carácter es obligatorio y alcanza a empresas y personas que diseñen, fabriquen, importen o comercialicen productos en México. La norma plantea una responsabilidad extendida que obliga a las organizaciones a incorporar criterios de circularidad en sus procesos y a considerar qué sucede con los productos durante todo su ciclo de vida.
Sin embargo, el nuevo marco regulatorio llega acompañado de una importante incertidumbre. Aunque la ley ya está vigente, todavía están pendientes reglamentos, acuerdos generales y lineamientos que permitirán conocer con mayor precisión la forma en que algunas de sus obligaciones deberán aplicarse. Esta situación genera
dudas sobre metas, métricas, plazos y mecanismos específicos de cumplimiento, pero no elimina la necesidad de comenzar a prepararse.
La recomendación planteada por Soto Risolve es comenzar con un diagnóstico interno que permita identificar en qué parte del ciclo de vida del producto participa cada empresa. A partir de ahí, las organizaciones pueden comenzar a desarrollar planes de manejo, métricas de trazabilidad, sistemas de información y mecanismos que permitan documentar sus avances.
La recomendación planteada por Soto Risolve es comenzar con un diagnóstico interno que permita identificar en qué parte del ciclo de vida del producto participa cada empresa. A partir de ahí, las organizaciones pueden comenzar a desarrollar planes de manejo, métricas de trazabilidad, sistemas de información y mecanismos que permitan documentar sus avances.
El reto también será financiero y operativo. Rediseñar productos, modificar procesos, desarrollar sistemas de información, ajustar etiquetas, capacitar al personal y establecer mecanismos de seguimiento puede representar inversiones importantes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. No obstante, estos costos pueden convertirse en inversiones estratégicas si permiten reducir desperdicios, mejorar la eficiencia y preparar a las organizaciones para las nuevas exigencias de los mercados.
El incumplimiento, además, no representa únicamente un riesgo de sanciones. La exposición advierte sobre posibles consecuencias administrativas, ambientales e incluso penales cuando exista daño ambiental, así como impactos en la reputación corporativa. Una empresa que no pueda demostrar prácticas adecuadas de sostenibilidad podría enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento, participar en licitaciones o mantener ventajas competitivas frente a compañías mejor preparadas.
Pero detrás de la obligación también existe una oportunidad para la industria. La economía circular puede impulsar nuevos mercados relacionados con reciclaje, tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua y energías limpias. También puede favorecer la creación de nuevos modelos de negocio, el aprovechamiento de residuos como materias primas, la generación de empleos verdes y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos industriales.
Las empresas que se anticipen pueden convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva. Prepararse antes de que lleguen los reglamentos permitirá identificar brechas, ordenar información, revisar proveedores y diseñar procesos de manera gradual, en lugar de reaccionar bajo presión cuando las obligaciones estén plenamente definidas. La anticipación también puede facilitar el acceso futuro a certificaciones, distintivos, inversión y cadenas de suministro que otorguen mayor valor a las prácticas de economía circular.
Para las empresas del corredor industrial de El Salto, anticiparse puede marcar la diferencia entre cumplir bajo presión o convertir la nueva legislación en una oportunidad para construir una industria más eficiente, innovadora y competitiva.
Edición de Elvira Sánchez Rivera especialista en Comunicación Corporativa.
