El riesgo químico se administra con estrategia y cumplimiento legal


Para las empresas instaladas en el corredor industrial de El Salto, donde convergen industrias metalmecánicas, automotrices, químicas, alimentarias, electrónicas y de manufactura avanzada, el manejo de sustancias químicas forma parte de la operación cotidiana pero un error en la identificación, almacenamiento, transporte o disposición de estos materiales puede desencadenar consecuencias que van desde afectaciones a la salud de los trabajadores hasta daños ambientales, pérdidas económicas millonarias, interrupciones operativas y severos impactos reputacionales.


Durante una exposición especializada sobre el Marco Regulatorio de Sustancias Químicas en México, Juan Manuel González Álvarez, Jefe de Seguridad y Respuesta a Emergencia en Zoltek de México, S.A. de C.V. A subsidiary of Toray Group destacó que el cumplimiento legal debe dejar de verse como una obligación administrativa y convertirse en una herramienta estratégica para la gestión integral de riesgos en las organizaciones.


“El verdadero valor de la regulación no está en evitar una multa. Está en identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles que permitan prevenir incidentes antes de que ocurran”, señaló.


Explicó que las empresas enfrentan actualmente un entorno operativo cada vez más complejo, donde la continuidad del negocio depende en gran medida de la capacidad para anticipar riesgos y responder de manera efectiva a posibles contingencias relacionadas con sustancias químicas peligrosas.


En este contexto, destacó que el marco regulatorio mexicano integra disposiciones internacionales, leyes federales, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que proporcionan una metodología para controlar riesgos asociados al manejo de químicos, proteger a los trabajadores y reducir impactos al medio ambiente.


Entre las disposiciones más relevantes se encuentran la NOM-005-STPS para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; la NOM-010-STPS relacionada con la evaluación y control de agentes químicos contaminantes; la NOM-018-STPS sobre identificación y comunicación de peligros mediante el Sistema Globalmente Armonizado; y la NOM-028-STPS enfocada en la seguridad de procesos y equipos críticos.


González Álvarez explicó que estas normas obligan a las organizaciones a desarrollar análisis de riesgos, inventarios químicos, procedimientos de operación segura, programas de capacitación, monitoreos ambientales, sistemas de comunicación de peligros y planes de respuesta a emergencias.


“Las empresas más competitivas no son necesariamente las que enfrentan menos riesgos, sino las que tienen la capacidad de identificarlos y gestionarlos de manera efectiva”, afirmó.


Asimismo, destacó que una gestión adecuada de sustancias químicas contribuye directamente a la protección de la salud de los trabajadores, la prevención de accidentes, la reducción de impactos ambientales y el fortalecimiento de la reputación corporativa.


Otro de los aspectos relevantes abordados durante la presentación fue la correcta gestión de residuos peligrosos, donde se enfatizó la necesidad de identificar materiales bajo los criterios CRETIB, mantener sistemas adecuados de almacenamiento, garantizar su disposición final mediante empresas autorizadas y cumplir con los registros exigidos por la autoridad ambiental.


El especialista subrayó que las tendencias globales están impulsando a las empresas a integrar el cumplimiento legal dentro de sus sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, alineándose con estándares internacionales como ISO 14001 e ISO 45001.


Para las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), este enfoque representa una oportunidad para fortalecer su competitividad, mejorar su desempeño operativo y consolidar una cultura de prevención que proteja tanto a las personas como a las inversiones.


“La gestión de sustancias químicas ya no debe entenderse únicamente como un requisito regulatorio. Es una herramienta estratégica para garantizar la continuidad operativa, proteger la reputación empresarial y construir organizaciones más resilientes y sostenibles”, concluyó González Álvarez.

Edición de Elvira Sánchez Rivera especialista en Comunicación Corporativa

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